SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Al Congreso de la República y al Ministerio de Defensa les preocupa la advertencia de la empresa suplidora del proyecto de los radares militares, de tomar acciones legales contra al Estado Dominicano por incumplimiento de contrato y daños financieros. El sometimiento judicial se haría ante un Tribunal Federal de la ciudad de Nueva York.(Estados Unidos).
La compañía Alta Systems LTD ganadora de la licitación internacional para la compra e instalación del Sistema Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo Nacional hace la advertencia en virtud los artículos 8 y 27 del contrato que establece indemnización automática a favor de la parte afectada por incumplimiento.
Ambas entidades tomaron la ciudad de Nueva York como escenario para ventilar cualquier situación legal derivada de lo convenido en el contrato para la instalación del proyecto militar.
La compañía podría beneficiarse, según lo estipulado, de una indemnización de US$25 mil dólares mensuales por los tres años de paralización del proyecto (unos 90 millones de dólares) si se determina en una Corte Federal norteamericana, como lo indica el artículo 27 de contrato.
El gobierno dominicano y el Estado de Israel suscribieron en diciembre de 2009 un contrato para suplir a la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) de dos radares de última generación y un centro de Control de Mando para el Sistema de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo Nacional.
La comisión de generales del Ministerio de Defensa que investigó la situación actual, legal y operacional de la obra, expresa preocupación por la supuesta advertencia de la empresa, pues aseguran que el contrato suscrito entre las partes establece una serie de indemnizaciones automáticas a favor de la parte afectada por incumplimiento.
También el informe presentado por la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad Nacional del Senado de la República sostiene que la paralización del proyecto por más de tres años, afecta el principio jurídico de continuidad del Estado y coloca al país una posición de alto riesgo y de canalización por incumplimiento.
Consideran, además, que el contrato original incrementaría en 25 mil dólares cada mes y la posibilidad de configurar daños y perjuicios derivados de cláusulas contractuales, mientras se mantenga el retraso del proyecto por culpa de las autoridades dominicanas. Leer Más...
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